Ni mítines, ni televisiones, ni los más completos dípticos, el gran aliado de los partidos políticos en las próximas elecciones generales serán las redes sociales. Las formaciones políticas podrán recopilar opiniones ideológicas de los ciudadanos rastreando las redes sociales y las páginas web, para luego enviar propaganda electoral personalizada en base a esos datos, incluso por WhatsApp. Además, también podrán rastrear toda la información pública en Internet (incluidas las búsquedas y preferencias de los usuarios) para crear perfiles de “opiniones políticas” y detectar posibles votantes, a fin de personalizar la propaganda masiva que inundará sus e-mails o teléfonos.

La Ley de Régimen Electoral General, modificada con la aprobación de la nueva Ley de Protección e Datos, que entró en vigor el pasado noviembre, da “carta blanca” a lo que podríamos llamar “spam” electoral. Pero eso sí, según la norma, esta actividades deberán estar amparadas en el “interés público” y contar con las “garantías adecuadas”. Además el artículo 58 bis, que se añadió a esta ley recoge la posibilidad de que los votantes envíen un documento a los partidos manifestando su oposición a la recolección de datos personales en internet, pero deberá realizarse por escrito y a cada uno de los grupos en la circunscripción correspondiente, lo que, a priori, dificulta el ejercicio de este derecho.

Por todo ello, diferentes iniciativas oficiales y particulares buscan establecer garantías y herramientas para evitar estos envíos y limitar el uso que los partidos pueden hacer de las redes sociales y las herramientas de análisis de datos a gran escala para definir un perfil ideológico del votante. Un grupo de abogados españoles han puesto en marcha una base de datos (la “Lista Viernes”) que pretende concienciar y servir de freno a esta situación y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha fijado las normas bajo las que podrán realizarse estas prácticas.

La Lista Viernes: un instrumento contra el spam de los partidos
La Lista Viernes, similar a la Lista Robinson, que funciona desde hace décadas contra el spam publicitario telefónico y digital, es una base de datos de exclusión de propaganda electoral, en la que cualquier persona con edad de votar puede inscribirse de manera gratuita. Esta base solo se cruzará con la de los partidos para devolverles aquellos correos que se encuentren en ambos listados y que, por tanto, no deberían utilizar pero, según Elena Gil, miembro de Secuoya Group, “no sería obligatorio que un partido consultara esta lista”. Por tanto, aunque los datos de un votante estén en la Lista Viernes, no queda garantizado que no vaya a recibir información electoral vía online.

Desde la Agencia de Protección de Datos han rechazado en varias ocasiones la posibilidad de que los partidos puedan realizar un perfilado y rastreo ideológico de los potenciales votantes españoles. En este sentido ha publicado una circular en el BOE sobre el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas y propaganda electoral en la que delimita de manera restrictiva la interpretación e la última reforma de la Ley Electoral. Así los partidos tendrán que demostrar que lo hacen “por interés público”, no podrán realizar perfiles personalizados de los votantes y “en ningún caso” se pueden usar técnicas de inteligencia artificial o “big data” para inferir la ideología política de una persona.

Un rastreo lícito sólo durante el periodo electoral
Según esta circular, la actividad de rastreos de datos por internet “sólo será lícita durante el periodo electoral y respecto de las actividades de propaganda y actos de campaña electoral” y todos esos datos deberán destruirse o bloquearse de forma “debidamente documentada” una vez terminado ese periodo.

El escrito también impone una interpretación restrictiva del artículo 58 bis que realizará el propio organismo a la hora de amparar las posibles quejas de los ciudadanos hacia los partidos políticos. “Debe ser interpretado conforme a lo establecido en la Constitución Española, de modo que no conculque derechos fundamentales como la protección de datos, el derecho a las libertad ideológica, la libertad de expresión e información o el derecho a la participación política”.

En cuanto al deber de información, el texto recoge que deberá realizarse de forma concisa, trasparente, inteligible y de fácil acceso con un lenguaje claro y sencillo. “En caso de que se considere que la comunicación individual de la información a los afectados supone un esfuerzo desproporcionado, se ha incluido, además de la obligación de facilitar dicha información en la web del responsable, la de hacerlo en las cuentas que éste tenga en redes sociales y servicios equivalentes para cumplir con el principio de transparencia del Reglamento General de Protección de Datos”, de obligado cumplimiento desde mayo del año pasado.

Así mismo, el documento exige la designación de un delegado de protección e datos; el registro de las actividades, que será obligatorio si se incluye “categorías especiales de datos”; la adopción de “rigurosas” medidas de seguridad y la consulta a la AEPD antes de proceder al tratamiento, con el envío de un análisis de riesgos y una evaluación de impacto 14 semanas antes del inicio del periodo electoral. En el caso de las próximas elecciones generales este periodo reduce a tres semanas.

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