El artículo 31 bis del Código Penal establece que las personas jurídicas tienen responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus representantes legales o miembros del órgano de administración. También por los delitos cometidos por sus trabajadores o colaboradores, siempre que se hayan incumplido los deberes de supervisión, vigilancia y control de la actividad por parte de la empresa.
El Compliance es una apuesta decidida en el seno de la empresa por el cumplimiento de las normas, pero también por el de otros principios que no están en las leyes, como los que están relacionados con la ética.
El Compliance no es sólo para grandes empresas. Es cierto que la mayoría de las grandes compañías cuentan ya con un departamento que se dedica a realizar este tipo de supervisión interna, pero no es tan habitual que las empresas de menor tamaño lo tengan. Las pymes se encuentran igualmente sometidas a la normativa vigente, que puede exigirles responsabilidades penales por no contar con los mecanismos de control adecuados en su organización.
Las pymes renuncian al Compliance por la falta de recursos, pero cada vez son más los despachos de abogados que ofrecen este servicio. Ello facilita la externalización buscando un coste más ajustado.
Aunque es cierto que este mecanismo puede implicar una fuerte inversión, las pequeñas empresas deben recordar que la implantación de esta fórmula tendrá beneficios, no solo para evitar problemas futuros, sino también de cara a la imagen que se proyecta a los clientes. La supervisión interna contribuirá a generar confianza en compradores y socios.
La novedad está principalmente en el Compliance para PYMES y startups, puesto que la mayoría de grandes empresas ya cuentan con asesoramiento en esta materia. La diferencia principal en Compliance para PYMES es que la función del Compliance Officer, ese órgano con autonomía e iniciativa para controlar el cumplimiento, puede ser asumido directamente por el órgano de administración, que en muchos casos será el de administrador único. Esto puede reducir el coste económico y administrativo a la hora de implantar un Plan Compliance por parte de pequeñas y medianas empresas, así como por startups y nuevas sociedades que inician su actividad.
