La mayoría de los obstáculos a la libre circulación de personas, servicios, mercancías y capitales en la Unión Europea están desapareciendo.

Así lo destacaba el Cuadro de Indicadores del Mercado Único publicado el pasado 12 de julio. Pero no todo eran buenas noticias. Bruselas también subrayaba que en algunos ámbitos la situación no sólo no está mejorando sino que empeora. Entre ellos, destacaba la aplicación efectiva del Derecho de la UE, una condición esencial para garantizar que tanto los ciudadanos como las empresas puedan disfrutar de los beneficios que aporta la legislación europea. Por este motivo, la Comisión presta especial atención no sólo a proponer nueva legislación, sino también a garantizar que se aplique y se haga cumplir debidamente y en los plazos establecidos. Una prioridad en la que nuestro país no ha estado a la altura.

Según la Comisión, España es uno de los países señalados por incumplir fechas límite de transposición o por la mala implementación de las normativas europeas en su ordenamiento.

Datos españoles

El informe anual sobre el control de la aplicación del derecho de la Unión Europea, destaca que nuestro país junto con Italia encabezan el ranking de los estados que cuentan con un número más elevado de asuntos pendientes de transposición o que han implementado de manera incorrecta el derecho de la UE en el ordenamiento jurídico nacional.

Según explica el informe, en 2017, la Unión Europea abrió 32 nuevos procedimientos de infracción por transposición tardía (fuera del plazo establecido por directivas y reglamentos) contra el gobierno español.

No obstante, hay que tener en cuenta que, a pesar del mal resultado, esta cifra refleja un ligero descenso respecto a los que fueron investigados en 2016, 34 casos, pero se encuentra muy por encima de los resultados obtenidos en 2015 (16), 2014 (24) y 2013, cuando únicamente se revisaron 20 casos.

Los asuntos relacionados con el medio ambiente, mercado interior, industria, emprendimiento, pymes, competencia, energía, servicios financieros, unión de los mercados de capitales, justicia, consumo, movilidad y transporte son, por este orden, los principales ámbitos políticos que afectan a los nuevos procedimientos de infracción abiertos.

En cuanto a la aplicación del derecho europeo, el informe también destaca sentencias perjudiciales para España como el incumplimiento de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, sobre la libertad de establecimiento en los puertos españoles. España debía pagar tres millones de euros.

También subraya que nuestro país no ha cumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la directiva marco sobre residuos, en relación con el funcionamiento de más de 60 vertederos ilegales de desechos.

Fundamental cumplir los plazos

“Para que los ciudadanos y las empresas puedan disfrutar de los beneficios que les aporta el derecho de la Unión Europea, es fundamental que los estados miembros incorporen las directivas europeas a su ordenamiento jurídico nacional en los plazos en los que se comprometieron a hacerlo”. Así lo explica la Comisión en este informe que desvela que, en 2017, el número de nuevos procedimientos de infracción por transposición tardía se redujo drásticamente en un 34%, pasando de 847 casos en 2016 a 558 en 2017, aproximándose así al nivel de 2015 (543 casos). La mayoría de los procesos de infracción, puestos en marcha por la Comisión, se debieron a la no transposición de las directivas sobre el uso de bolsas de plástico, el tratamiento de los residuos o la inspección técnica de vehículos.

Ayudas de la Comisión

Para facilitar la transposición correcta y dentro de los plazos establecidos, el informe destaca que la Comisión ha elaborado planes para la aplicación, sitios web específicos y documentos de orientación, así como mediante el intercambio de las mejores prácticas en reuniones de grupos de expertos. Por ejemplo, en enero de 2018, la Comisión publicó directrices detalladas para que los estados pudieran aplicar el Reglamento General de Protección de Datos en el tiempo especificado en la normativa europea. En este sentido, la Comisión llevo a cinco países ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitó que se impusieran sanciones económicas a Bélgica (dos asuntos), Croacia (dos asuntos) y Eslovaquia, Eslovenia y España, con un asunto cada uno.

Finalmente, el informe también evalúa cómo los estados miembros aplican las normas y determina las deficiencias en relación con las cuales éstos deben intensificar sus esfuerzos. En general, los países han mejorado en el reconocimiento de las cualificaciones profesionales, la transposición de las normas relativas al mercado único y el desarrollo de instrumentos que respalden el buen funcionamiento del mercado único sobre el terreno. Finlandia, Dinamarca y Eslovaquia han sigo los países con mejores resultados, mientras que Chequia, Irlanda y Grecia lideran el ranking de los peores.

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