El actual gobierno ha realizado una aplicación muy restrictiva de esta medida ya que durante el primer semestre de 2017 se han tramitado un total de 1.943 solicitudes de indulto, de las que se han concedido sólo 20, denegándose todas las restantes, lo que equivale al 1,03%.
Según los datos aportados por el Gobierno, la tendencia entre 2007 y 2012 era la concesión de una media de 400 indultos anuales, frente a los 27 concedidos en 2016. En porcentajes, las concesiones se han reducido desde el 11,26% correspondiente a las solicitudes estimadas en 2007, al 1% en los últimos cuatro años.
El pasado ejercicio, en el que se experimentó una importante caída de expedientes tramitados respecto de los años anteriores debido a que el Gobierno se encontraba en funciones, se resolvieron 3.774 solicitudes, concediéndose 27 (0,72%), la cifra más baja desde 2007, y desestimándose 3.747.
En el primer trimestre del año, el 90% de los indultos concedidos contaron con el informe favorable del tribunal sentenciador, del Ministerio Fiscal o de ambos. En el caso de 2016 ese porcentaje aumenta al 93%.
Los delitos cometidos contra el patrimonio y contra la salud pública concentran el mayor número de solicitudes y de concesión de indultos, alcanzando en el primer caso el 26% de media del total de indultos concedidos en el período 2014-16, cifra que asciende al 50% en el caso de los delitos contra la salud pública.
Entre 2014 y 2017 no se ha concedido indulto alguno en los casos de delitos contra la Administración Pública y de Justicia. Tampoco se han concedido en casos de delitos contra la seguridad vial, violencia doméstica, contra las instituciones del Estado, electorales o de lesa humanidad.
Por sexos, el mayor número de indultos se ha concedido a mujeres, fundamentalmente con motivo de la menor gravedad de los delitos cometidos respecto a los de los hombres.
Todos estos datos han sido recogidos en el informe que semestralmente debe remitir el Ministerio de Justicia al Congreso, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, Esta es la primera vez que se presenta una información de estas características puesto que en 2016 la situación del Gobierno en funciones no hizo posible su envío a la cámara baja.
