El estudio profundo de las materias que integran el principio de no discriminación y de igualdad entre mujeres y hombres y en particular, de la legislación que rige en la lucha contra la violencia sobre la mujer, en todas sus formas, se incluirá, desde ahora, tanto en la fase teórica de formación multidisciplinar de las carreras judicial y fiscal, como en su formación continua anual.
Será así, después que día 25 de octubre, el pleno del Congreso aprobara la Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para la aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Se trata de reforzar la formación y la especialización de jueces y fiscales, para asegurar una adecuada respuesta judicial a este grave problema que azota la sociedad española día tras día.
También se capacitará a los profesionales en la aplicación de la perspectiva de género en la interpretación y aplicación del derecho. Criterios que se aplicarán así mismo a las pruebas selectivas para el ingreso y promoción en ambas carreras.
Por otra parte, se propone una modificación en la ley para introducir pruebas de especialización en materia de violencia sobre la mujer, cuando se concurse a una plaza en juzgados especializados. Por ello, será preciso acreditar que se ha participado en actividades de formación continua con perspectiva de género.
Especialización de los juzgados
Gracias a esta reforma, ser revisará la planta judicial para la especialización de los juzgados de lo penal, de manera compatible con otras materias o de manera exclusiva en aquellas localidades en las que lo exija el volumen de asuntos. El objetivo es mejorar la respuesta que desde las instituciones se da a la violencia machista y reforzarla con los recursos personales especializados que aportan otras instituciones como la fiscalía, la abogacía, el Instituto de Medicina Legal y las Unidades Integrales de Valoración Forense. En La actualidad, sólo 26 juzgados de lo penal de los 345 existentes están especializados en violencia de género.
El Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas competentes deberán estudiar e impulsar la habilitación de dependencias en los juzgados que impidan la confrontación de la víctima con su agresor, en aquellos procesos relacionados con agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual.
El observatorio contra la Violencia Doméstica evaluará a los juzgados
Finalmente, se prevé que sea el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, el organismo encargado de evaluar los datos provenientes de los juzgados de violencia sobre la mujer y de otros juzgados no específicos en relación con esta materia, con los que se elaborará un informe anual que se remitirá al Congreso para su seguimiento.
Con esta iniciativa el Congreso da un paso más en la lucha contra la violencia de género. Una lacra que durante muchos años fue considerada como un problema de ámbito familiar e incluso catalogada de “crimen pasional”. De hecho, no fue hasta 2004, concretamente el 28 de diciembre de ese año, cuando se aprobó la primera ley para combatirla: la Ley Integral contra la Violencia de Género. Una ley que nació con el consenso de todo el arco parlamentario y con un propósito: proteger a las víctimas de los malos tratos, perseguir a los maltratadores, prevenir y erradicar este tipo de violencia y convertirla en un problema social a denunciar y con el que acabar.
Por supuesto, esta ley marco un antes y un después. Durante los 10 primeros años se interpusieron más de un millón de denuncias, pero lo cierto es que las mujeres siguieron y siguen siendo maltratadas y muriendo a manos de sus parejas.
Además, la violencia de género no comienza y acaba con los asesinatos. En la mayoría de los casos, éstos son el final de una larga historia de coacciones, amenazas, privación de libertad y violencia psicológica y física. Acabar con este drama para miles de mujeres españolas inspiró en 2017 el Pacto contra la Violencia de Género, aprobado por la mayoría del Congreso. 210 medidas para sensibilizar a la sociedad y prevenir la violencia machista.
Todas estas medidas han supuesto grandes avances en la lucha contra esta práctica atroz, pero siguen sin ser suficientes y la violencia sigue presidiendo el día a día de muchos hogares en nuestro país. Con la proposición aprobada por el Congreso el pasado jueves se quiere dar un paso decisivo en la protección de estas familias.
