La multa impuesta a Google es de 4.340 millones de euros y el motivo no es otro que el de imponer a los fabricantes de dispositivos Android, como Huawei, Xiaomi o Samsung, unas normas que constituyen abuso de poder.
Google imponía a estos fabricantes instalar necesariamente en sus smatphones Google Search y el buscador Chrome para poder disfrutar de una licencia de su tienda Play Store. Además, según Bruselas, la tecnológica habría concedido incentivos a los fabricantes de móviles y tabletas para que utilizasen en exclusiva sus productos y les habría exigido que no hiciesen cambios en su sistema operativo, basado en Linux.
La UE cree que estas exigencias de Google son un intento de favorecer sus servicios e intereses, en particular en lo que se refiere a su negocio de publicidad, lo cual supone una vulneración de los principios de libre competencia que propugna la UE, además de obstaculizar el desarrollo de otros sistemas operativos y perjudican al consumidor.
Margrethe Vestager, comisaria de Competencia que inició la investigación de las prácticas de Google con Android en abril de 2015, ha manifestado públicamente que la multinacional “ha cimentado su poder dominante como buscador, negando a sus rivales una oportunidad para innovar y competir en sus méritos”, algo que va en contra de leyes antitrust de la UE.
En resumen, Bruselas entiende que la tecnológica estadounidense ha frenado a la competencia para salvaguardar su negocio de publicidad para móviles y ha perjudicado a los consumidores. Y por eso, además de la megamulta, la UE le exige que modifique sus prácticas comerciales.
Ahora Google dispone de un plazo de 90 días para llevar a cabo las medidas efectivas necesarias. Sundar Pichai, CEO de la compañía, ha anunciado que recurrirán la resolución de la Comisión y que “la decisión ignora el hecho de que los móviles Android compiten con los teléfonos con iOS”, que comercializa Apple.
