Proteger a los creadores de contenido en Internet es el principal objetivo de la reforma de la Ley de Copyright. El pasado lunes la Eurocámara aprobaba el acuerdo provisional de la nueva directiva, tras más de dos años de negociaciones y en medio de una férrea polémica que mantiene enfrentados a usuarios de Internet, grandes empresas del sector y asociaciones de internautas. Aprobado por 348 votos a favor y 274 en contra cambiará de forma radical la manera en la que se producen y consumen contenidos online. La principal novedad es que obligará a Facebook, YouTube y otras redes sociales a crear sistemas para detectar contenidos con derechos de autor antes de publicarlo.

La controversia se centra en dos artículos el 11 y el 13, ya que cambian por completo el uso que se hace de Internet y las redes sociales. En concreto, el texto obligará por un lado a establecer límites a la hora de enlazar a las publicaciones y por otro insta a las plataformas online, como Google, Facebook o Youtube, a supervisar los contenidos que los usuarios comparten en ellas, para asegurarse de que no se vulneren los derechos de autor. Se abre la puerta así a que las tecnológicas puedan automatizar la moderación de mensajes para cumplir con el requerimiento.

El artículo 11 reconoce el derecho legal renunciable de los medios de comunicación a reclamar a las plataformas digitales, durante un periodo de 20 años, compensaciones por compartir fragmentos de sus contenidos informativos. De este modo, las plataformas online y los grandes agregadores de noticias como Google News deberán compensar por enlazar a otras páginas. Además empresas como Maneame, Digg, Reddit o incluso buscadores como Google News, no podrán reproducir textos completos sino pequeños fragmentos de un contenido periodístico. Pero no queda claro que entiende la Comisión Europea por “pequeños fragmentos” y cuáles serán los criterios que se establezcan para determinarlo.

Por otra parte, el artículo 13 establece que las plataformas digitales que faciliten acceso público a “grandes cantidades de obras” adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el “correcto funcionamiento” de los acuerdos alcanzados con los titulares de derechos de autor o incluso para “impedir que estén disponibles en sus servicios”.

Con el nueva directiva las redes sociales serán responsables del contenido que alojen, aunque lo hayan subido sus usuarios. Por ello estarán obligadas a implementar un sistema que permita reconocer los contenidos con derechos antes incluso de ser publicados. Si no emplean este sistema de detección previa, recibirán importantes multas para responder a la afrenta a los derechos de autor generados por los contenidos subidos indebidamente por sus usuarios. Sobre este punto, las grandes compañías llevan meses quejándose de que desarrollar estos sistemas previos supondrá un coste muy elevado que no serán capaces de asumir, lo que podría repercutir en el usuario final, al producirse el cierre de servicios o que tuviera que hacer frente a un sobrecoste por seguir utilizándolos.

El texto también recoge excepciones, excluyendo de estas obligaciones a las plataformas pequeñas, aquellas que se hayan creado en los tres últimos años o microagregadpores europeos, con lo que la iniciativa se enfoca principalmente a las grandes tecnológicas. También se especifica que la carga a las enciclopedias en línea de una manera no comercial, como Wikipedia o las plataformas de software de código abierto, como GitHub, se excluirán automáticamente del requisito de cumplir con las normas de derechos de autor. 

También podrán utilizarse libremente los contenidos con fines educativos o en casos en los que prime la ironía y la sátira. Por tanto, la Ley del Copyright no supondrá el fin de los memes y los archivos GIF, como en un principio se pensó. Sin embargo, esto será así en teoría puesto que los algoritmos que tendrán que identificar los contenidos de manera previa no sabrán captar la sutileza de los mensajes para determinar su intencionalidad.

La norma todavía tardará un par de años en entrar en vigor, pues falta que sea aprobada por los 28 países miembros del Consejo Europeo y que, posteriormente, se adoptada por cada uno de los Estados.

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