El Congreso aprobó el pasado día 26 de marzo, con los únicos votos a favor del Partido Popular laLey Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. También dio luz verde a la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Ambas normativas entrarán en vigor el 1 de julio.
2 Decisiones de calado legislativo
Desde que fue anunciada por el Ministro del Interior José Fernández Díaz, la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido objeto de numerosas críticas por parte de colectivos sociales nacionales e internacionales que han visto en la normativa impulsada desde el Gobierno una limitación de los derechos de expresión y manifestación no admisibles en un Estado democrático. Incluso hasta 35 catedráticos penalistas de las universidades españolas, han señalado en un manifiesto que las reformas propuestas (ahora ya parte del texto de la Ley) “… beben de las peores fuentes político-criminólogas del siglo XX, de las corrientes más reaccionarias, más autoritarias, de aportaciones en suma que han sido por todos denostadas”.
Texto con pocas modificaciones
En su paso por el Senado se han presentado 225 enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, en su aprobación en esta Cámara, el pasado 12 de marzo, sólo se han admitido algunas enmiendas, la mayoría de ellas presentadas por el Partido Popular. Una de ellas es sobre la disposición adicional sobre las devoluciones en caliente, un texto que, a su vez, fue añadido al proyecto de ley el último día de presentación de enmiendas en el Congreso. La modificación aprobada sobre esta disposición en el Senado señala que las devoluciones en caliente se llevarán a cabo “respetando” la normativa de derechos humanos, a pesar de que el concepto de rechazo en frontera viola el convenio de Viena sobre refugiados políticos. El ministro de Interior, Fernández Díaz, ha señalado en el Congreso que las devoluciones en caliente se vienen practicando desde 2005, aunque sin cobertura legal. Otra de las enmiendas rebaja los plazos de prescripción de las infracciones a seis meses, un año y dos años según éstas sean leves, graves o muy graves.
Reforma del Código Penal
La otra normativa aprobada también es la reforma del Código Penal presentada por el exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en septiembre de 2013 y la relativa al Pacto Antiterrorista. La reforma del Código Penal contempla una serie de modificaciones pactadas entre el PSOE y el Partido Popular tras la tragedia de Charlie Hebdo. Entre otras, la denominada en el texto de la Ley“prisión permanente revisable”para delitos de terrorismo con víctimas mortales y el aumento de la pena máxima de cárcel para delitos de enaltecimiento de terrorismo hasta los 3 años. Con esta reforma las personas condenadas por este delito podrían ir directamente a la cárcel aun sin tener antecedentes penales. También incluye como delito el “adiestramiento pasivo”, en referencia a la visita de páginas web yihadistas.
De falta a delito
La reforma del Código Penal supone que el 40% de los comportamientos que antes se consideraban faltas ahora pasarán a ser delito. El otro 60% de las faltas pasarán ahora a ser consideradas infracciones, recogidas en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuya tramitación administrativa tendrá que agotar esa vía y acudir a una jurisdicción menos garantista. Tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como el nuevo Código Penal contemplan como infracciones con importantes multas, o delitos, acciones relacionadas con la protesta social. Muchas de estas acciones han sido popularizadas a partir del 15M, como la ocupación de entidades bancarias o las manifestaciones frente al Congreso o parlamentos autonómicos.
El Partido Popular ha sido el único en defender en el Congreso la entrada en vigor de la pena de prisión permanente revisable, a la que han tachado de medida “moderna” que trata de evitar “rigideces” y responde a los “problemas” de las personas. Un hemiciclo medio vacío ha fue el escenario del debate en que el PP defendió que la cadena perpetua se trata de una medida apoyada por dos tercios de la sociedad. Esta circunstancia es puesta en duda por varias asociaciones pro-derechos humanos.
Fuente: Doyou Media
