La Ley de Reglas para el Ejercicio de Gracia del Indulto, que data de 1870, será reformada con la intención de prohibir los indultos a los condenados por delitos de corrupción y violencia de género.
Se trata de una ley que consta de 32 artículos y que cuando se promulgó no estaba enfocada a resolver delitos como la corrupción o la violencia de género, dos de los temas que actualmente generan mayor alarma social. En definitiva, esta acción obedece a una necesaria actualización legislativa.
La medida ha sido aprobada por todos los grupos parlamentarios, que han respaldado en el Pleno del Congreso la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que modifica dicha ley para prohibir que esta medida se conceda a condenados por corrupción y por delitos de violencia de género.
Además de limitar la concesión del indulto total o parcial a los delitos de corrupción y violencia de género, la iniciativa del Grupo Socialista también exige razones de «razones de justicia, equidad, utilidad pública o debida reinserción social del condenado» para poder otorgar el indulto total, justificaciones que deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a la hora de comunicar la concesión de indultos.
El texto del PSOE también aboga por no conceder el indulto si en su correspondiente resolución no se hiciese mención expresa, al menos, a la pena en que recaiga la gracia, al delito cometido, al estado de ejecución, en su caso, de la pena impuesta, al título de imputación, al origen de la solicitud de indulto y, finalmente, a la motivación que, a juicio del Gobierno, ha justificado su concesión.
Sin embargo, a pesar de que la decisión se ha tomado con el consenso de todos los partidos políticos, su reforma no estará exenta de polémica puesto han considerado que la propuesta de ley está incompleta.
Para el Partido Popular, la prohibición del derecho de indulto a delitos por corrupción y violencia de género está limitada y debería tener en cuenta delitos como prostitución, violación o trata de personas. Para PNV y Esquerra Republicana, el respaldo de la tramitación de esta propuesta llegará con una serie de enmiendas que mejoren la proposición y garanticen la falta de transparencia en la concesión de la medida de gracia. Por su parte, Ignacio Prendes, diputado de Ciudadanos y vicepresidente primero del Congreso, recordaba que esta medida formaba parte del frustrado acuerdo de investidura para un gobierno de pactos con el Partido Popular. Por su parte, en Unidos Podemos, también ha respaldado la reforma pese a que su grupo no le satisface, porque quieren que tampoco se perdone a los condenados por otros delitos que generan alarma social, como el terrorismo o la trata de personas.
