El pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP) que establece la obligación para todas las administraciones públicas españolas de la contratación electrónica.

De este modo, se pretende erradicar las malas praxis en materia de contratación y apostar por una mayor seguridad y transparencia en este tipo de procedimientos. Además, la ley quiere conseguir una mejor relación calidad-precio para los contratos del sector público.

La LCSP se ha implantado tras la aplicación de las Directivas de Contratación Europeas de 2014, que instó a los legisladores afrontar esta importante reforma en la regulación de la Contratación Pública.

La contratación del sector público es una actividad relevante para la economía de nuestro país, que representa alrededor de un 13% del PIB. Sin embargo, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, las irregularidades en la contratación pública suponen un gasto de alrededor de 48.000 millones de euros al año.

Acabar con la corrupción en la contratación

Las novedades introducidas persiguen evitar la corrupción mediante medias como: la supresión del procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía o la creación de dos tipos de procedimientos abiertos simplificados.

Nuevas obligaciones

Además, por primera vez, se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.

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