El nuevo Consejo Asesor para la revisión de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde la perspectiva de género ya es una realidad. La finalidad es contar con el asesoramiento de este órgano de cara a la reforma que está preparando el Ministerio de Justicia de la Lecrim.
Tal y como informan fuentes del ministerio el objetivo de este Consejo Asesor es “servir de asesoramiento a la ministra de justicia” para que la elaboración del proyecto de ley de reforma de la Lecrim “tenga en cuenta a la sociedad actual” y sea sensible con la perspectiva de género.
Este consejo también podrá pronunciarse sobre otras medidas y planes – desde la perspectiva de género – y proponer las reformas legales para adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de igualdad sobre otras medidas y planes y proponer las reformas legales para adaptar el ordenamiento jurídico a las nuevas exigencias planteadas por la sociedad en materia de igualdad.
Presidido por la ministra Dolores Delgado, estará formado estas juristas: Ana María Ferrer, magistrada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Elvira Tejada de la Fuente, fiscal de Sala de Criminalidad Informática; María Isabel González Cano, catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Sevilla y María Durán i Febrer, abogada del Colegio de Abogados de Baleares, por el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, que ejercerá de vicepresidente del consejo, y Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Valencia, que será vocal.
Adscrito al gabinete del Secretario de Estado de Justicia, el consejo asesor debe reunirse como mínimo una vez al semestre. Sus miembros podrán ser sustituidos cuando así resulte justificado por resolución de la ministra de Justicia.
Los miembros del Consejo no recibirán retribución alguna, salvo el pago de gastos de desplazamiento y hospedaje para los que residan fuera de Madrid. El funcionamiento del Consejo no supondrá incremento alguno del gasto público y será atendido con los medios materiales y personales existentes en el Ministerio de Justicia
