La Comisión Europea no está dispuesta a permitir que cada año se sigan perdiendo cerca de 40.000 millones de euros por culpa de las actividades fraudulentas que el actual sistema de fronteras fiscales existente en Europa permite.
Por este motivo han propuesta suprimir las fronteras fiscales para crear una única área de imposición en que el IVA siempre se ingrese en el país de origen de la mercancía o del servicio. De este modo se suprimiría la exención de IVA que ahora disfrutan las operaciones transfronterizas entre empresas.
Lo que se busca es que la empresa vendedora cargue el IVA con arreglo al tipo de imposición del país de destino y lo ingrese en su propia administración tributaria. Los Estados se transferirán después la recaudación que corresponda a cada uno. Así se controlará el IVA generado en estas transacciones comerciales. Bruselas confía en que las nuevas normas, que deben ser acordadas por los Veintiocho, reduzcan esta cifra en un 80%.
En la actualidad, las transacciones de bienes entre empresas de diferentes países están exentas de pagar el impuesto al consumo en el bloque comunitario. Este mecanismo permite que sea muy sencillo defraudar impuestos porque una firma puede comprar bienes en un Estado miembro que no sea el suyo sin pagar IVA y venderlos en su territorio cargando este impuesto.
En el centro de la reforma que propone Bruselas está un movimiento al llamado “principio de destino” en las transacciones que efectúan empresas de distintos países del bloque comunitario. De esta forma, cuando una empresa venda bienes a otra en otro país de la UE, la operación se gravará con el tipo de IVA del Estado miembro al que pertenezca la empresa compradora.
