La justicia europea ha presentado su cuadro de indicadores de 2017 en el que ofrecen una serie de datos que miden la eficacia de los sistemas judiciales de los países miembros de la UE.
En la edición de 2017, el informe se centra en nuevos aspectos del funcionamiento de los sistemas judiciales como son, por ejemplo, la facilidad con la que los consumidores pueden acceder a la justicia y los canales que utilizan para presentar reclamaciones contra las empresas. Además, por primera vez, los estados miembros han facilitado información sobre el blanqueo de capitales, por lo que esta información también viene recogida.
El informe The 2017 EU Justice Scoreboard señala que las principales conclusiones son:
Los procesos civiles y mercantiles han sido más breves.
Buenos resultados en la defensa de la protección de los consumidores: aunque el cuadro de indicadores muestra que la duración de los procedimientos administrativos y el control judicial en este ámbito varían mucho según países, también señala que las autoridades de protección de los consumidores han logrado resolver muchos problemas sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales.
Primeros datos sobre el blanqueo de capitales: se pone de manifiesto duraciones muy diversas de los procesos por delitos de blanqueo de capitales, que pueden variar entre menos de un semestre y casi tres años.
Acceso limitado a la justicia para los ciudadanos son menos recursos: al cuadro de indicadores muestra que, en algunos estados miembros, los ciudadanos cuyos ingresos son inferiores al umbral de pobreza no reciben ninguna asistencia jurídica gratuita en algunos tipos de litigios.
Necesidad de mejora en el uso de herramientas de TIC: mientras en la mitad de los estados se usan ampliamente en la comunicación entre los órganos jurisdiccionales y los abogados, el uso de las TIC para la firma electrónica es muy limitado en más de la mitad de ellos.
Mejora o estabilidad de la percepción de la independencia judicial por la población en general: así ocurre en más de dos tercios de los estados miembros, en comparación con 2016. Entre los motivos de la percepción de falta de independencia de los órganos jurisdiccionales figuran las injerencias o presiones por parte de gobiernos y políticos.
Falta de normas de calidad: La mayoría de los Estados miembros tiene normas que fijan plazos o calendarios para evitar largos procesos judiciales pero existen estados miembros con sistemas judiciales menos eficientes.
