El aumento de los casos de violencia doméstica y su repercusión mediática ha puesto bajo la lupa y muchas veces bajo sospecha de un ejercicio profesional machista al sistema judicial español.
Un hecho, en la mayoría de los casos injusto, al que quiere poner punto final el Congreso, con las medidas pactadas el pasado día 14 de octubre. La cámara baja quiere que la violencia de género se convierta en una especialidad jurídica como lo es la de mercantil, penal, menores o social. Con las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional. Los jueces tendrán una formación multidisciplinar sobre la materia y deberán aprobar un examen específico.
Así lo recoge el informe de la ponencia del Congreso en el que se negoció el texto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial e incluir así las medidas pactadas en dicha cámara en materia de violencia doméstica.
Pruebas selectivas especializadas
Este documento recoge la necesidad de una mejor formación de los jueces en materia del principio de no discriminación y para ello se introducen las pruebas selectivas de especialización en violencia sobre la mujer. Pruebas análogas a otras especialidades ya presentes en el ámbito judicial y cuyo contenido deberá decidir el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El texto aprobado también incluye que en la fase teórica de formación multidisciplinar se incluirá el estudio en profundidad de las materias que integran el principio de no discriminación y la igualdad entre hombres y mueres y en particular de la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer en todas sus formas.
Este texto pasará en las próximas semanas por la Comisión de Justicia, en donde deberá obtener el apoyo de la mayoría de los grupos y después volver para ser aprobado en el Pleno del Congreso, antes de pasar al Senado.
Se deberá dominar la normativa europea e internacional sobre igualdad
También se especifica que todas las pruebas selectivas para el ingreso y la promoción en la carrera judicial y fiscal contemplarán el estudio del principio de igualdad entre hombres y mujeres, incluyendo las medidas en materia de violencia sobre la mujer y su aplicación con carácter transversal en el ámbito de la función jurisdiccional.
El temario deberá garantizar la adquisición de conocimientos de acuerdo con el principio de no discriminación y la igualdad entre mujeres y hombres y en particular, la legislación especial para la lucha contra la violencia sobre la mujer, incluyendo la normativa europea y los tratados e instrumentos internacionales sobre igualdad, discriminación y violencia contra las mujeres suscritos por España.
La norma también recoge que, para el ascenso por el escalafón, será necesario que los profesionales hayan prestado tres años de servicio efectivo como jueces. Sin embargo, para presentarse a las pruebas selectivas o de especialización bastará con dos años de servicios efectivos, cualquiera que fuere la situación administrativa del candidato.
Así mismo, se podrán presentar a las pruebas selectivas o de especialización en los órdenes contencioso-administrativo, social, civil, y penal y en las materias mercantil y de violencia sobre la mujer, los miembros de la carrera judicial con categoría de magistrado y como forma de acceso a la carrera judicial, los de la carrera fiscal. En ambos casos, será necesario haber presentado al menos dos años de servicios efectivos en sus respectivas carreras.
El Observatorio contra la Violencia Doméstica evaluará a los juzgados de violencia sobre la mujer
Entre las novedades de esta reforma también destaca que el Consejo General del Poder Judicial encomendará al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de los datos provenientes de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, así como de aquellos asuntos relacionados con esta materia en juzgados no específicos.
Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Congreso de los Diputados.
Esta información se incorporará a la Memoria Anual del CGPJ, tal y como se reclamaba en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Además, se exige que el Poder Judicial impulse, junto con el ministerio y las comunidades autónomas, la creación de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso.
Se procurará también que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual.
